FALTAN EVIDENCIAS PARA PROBAR “FRAUDE” Y HAY RIESGO DE “CONVULSIÓN SOCIAL”, ADVIERTE ANALISTA CÉSAR ZAMORA – RCR Peru
RCR, 18 de abril 2026.- El economista y analista político César Zamora advirtió que, si bien existe una percepción extendida de irregularidades en el proceso de las elecciones generales 2026, aún no hay evidencias que permitan sostener una acusación de fraude electoral. En ese contexto, alertó que la creciente desconfianza hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podría escalar hacia una convulsión social.
“Todo el mundo habla de fraude, pero todos sabemos que tiene que haber evidencias para poder amalgamar este asunto. Lo único que está faltando en este momento es correlacionar las evidencias del crimen que se ha cometido para que sea considerado como un fraude”, declaró Zamora en la secuencia Don C, de Red de Comunicación Regional (RCR).
En esa línea, enfatizó que la clave del momento político pasa por la capacidad del Ministerio Público para investigar y encontrar pruebas sólidas que confirmen o descarten las denuncias, ya que sin ese sustento no es posible configurar un delito electoral, pese a la presión política y mediática en torno al “presunto fraude”.
Crisis institucional y fragmentación
Asimismo, sostuvo que el escenario actual refleja una crisis más profunda vinculada a la fragmentación política y el debilitamiento institucional. Según explicó, detrás de esta situación existiría una lógica orientada a erosionar la credibilidad de las principales entidades del Estado. “El objetivo es que ninguna institución sirva: ni el Congreso, ni la Presidencia, ni la Fiscalía, ni los entes electorales ni la Policía”, afirmó.
Riesgo de convulsión social
En cuanto al escenario inmediato, el analista alertó que la desconfianza acumulada en la población podría desencadenar episodios de alta tensión social. “La desconfianza ya ha sido inoculada en la población y eso puede llevar a una convulsión social, a una situación de ‘tierra de nadie’”, señaló.
Zamora también lanzó una advertencia directa a los ciudadanos que participaron en las mesas de sufragio, al señalar que cualquier manipulación dolosa de los resultados constituye un delito penal. “Aquellos miembros de mesa que han transgredido la voluntad popular, que han falseado la información, están pasibles de ir a la cárcel. No es un error administrativo, es un delito penal”, remarcó.
Cuestiona a encuestadoras
De otro lado, cuestionó el rol de las empresas encuestadoras durante el proceso electoral, al considerar que deben rendir cuentas sobre su trabajo y los contratos que los respaldan. Sostuvo que la información que generan podría ser utilizada para identificar zonas estratégicas de intervención electoral. “Las encuestadoras tienen que dar una explicación. Ellos son rentados y manejan información sensible sobre tendencias y territorios”, indicó.
Finalmente, planteó la necesidad de investigar posibles vínculos entre distintos actores que habrían influido en el proceso electoral. En esa línea, no descartó la existencia de una estructura más amplia orientada a alterar la voluntad popular. “Hay que averiguar quién está detrás de todo esto, desde las instituciones hasta las organizaciones que podrían estar operando con otros intereses”, concluyó.
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