Congresista Tello rechaza vínculos con la fiscal Benavides y acusa persecución política

El congresista Edgar Tello, miembro del Bloque Magisterial, ha negado categóricamente haber actuado como operador de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en relación con la búsqueda de respaldo de las bancadas de izquierda. Estas declaraciones contradicen los testimonios proporcionados por Jaime Villanueva, exasesor de la extitular del Ministerio Público, al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

En declaraciones a canal N, Tello rechazó las acusaciones en su contra y afirmó: “Dentro de la praxis parlamentaria, a nosotros vienen de todas las instituciones del Estado a ver proyectos, plantear diferentes temas. Me están involucrando en temas que no tengo nada que ver. Mencionan que me han condicionado un voto, yo no he condicionado absolutamente nada. Tengo una serie de procesos en los que no tengo nada que ver”.

Sin embargo, las afirmaciones de Tello discrepan con las revelaciones de Jaime Villanueva ante el Equipo Especial de Fiscales. Villanueva habría mencionado un encuentro con el parlamentario Tello, junto a su colega Katy Ugarte y otros, donde se le habría solicitado a Benavides que archive ciertas investigaciones pendientes en la Fiscalía. Esto habría sido a cambio del respaldo para la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

De acuerdo con la documentación del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’, Tello habría ofrecido los votos de algunos de sus colegas de bancada para respaldar la inhabilitación de Ávalos. Se indica que organizó una reunión con sus correligionarios para discutir este propósito y asegurar los votos necesarios.

La investigación del caso sugiere que Patricia Benavides lideró una organización criminal dentro del Ministerio Público, que habría manipulado la persecución penal en su propio beneficio. Se la acusa de influir ilícitamente en decisiones del Congreso relacionadas con la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema.