PERÚ NECESITA 16.000 MÉDICOS ESPECIALISTAS Y TARDARÁ HASTA 5 AÑOS EN FORMARLOS, ADVIERTE EXVICEMINISTRO HERBERTH CUBA – RCR Peru
RCR, 15 de junio 2026.- El Perú tiene un déficit de médicos especialistas, lo cual impide al sistema de salud atender la demanda de atención a miles de pacientes en áreas como cardiología, oncología, endocrinología y reumatología, advirtió el exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud, Herbert Cuba García.
Se necesitan 16 mil especialistas
“El Perú necesita más o menos 16.000 especialistas y formarlos nos va a tomar por lo menos 3 a 5 años. No hay suficientes cardiólogos, endocrinólogos, reumatólogos, oncólogos, lo que genera una presión adicional sobre los servicios de salud en hospitales y centros especializados”, expresó Cuba en Red de Comunicación Regional (RCR).
Explicó que uno de los principales problemas está en el sistema de residentado médico financiado por el Estado, que limita el número de plazas disponibles para especialización. Esta restricción presupuestal genera un cuello de botella en la formación de nuevos especialistas.
“El programa de residentes es subsidiado por el Estado, por la caja fiscal, por el MEF. La ley actual señala que el MEF debería duplicar el número de plazas para especialización profesional. Pero desde el 2019 a la fecha, no ha duplicado nunca. Se mantienen las cifras. Aumentan 5 o 7 plaza, pero no la cantidad suficiente para cerrar la brecha de necesidades que tiene la especialidad. El Perú necesita el triple de plazas, pero no hay plata”, aseveró al cuestionar algunas inconsistencias en el reglamento de la Ley 30453 del Sistema Nacional de Residentado Médico, que regula la formación de segunda especialización en medicina.
Profesionalización del sistema
El experto en salud pública destacó la necesidad de profesionalizar tanto la gestión del examen de ingreso como la administración del residentado médico, con el fin de garantizar transparencia y calidad en la formación de especialistas. “El segundo tema es el examen de ingreso a la modalidad de especialización. La ley establece que se trata de un examen nacional único, pero que es aplicado por las universidades, no por el MINSA. Sin embargo, el reglamento plantea la participación del MINSA lo que, en este caso, excedería lo dispuesto en la ley. Debe respetarse el marco legal que reconoce a las facultades de medicina, en el ejercicio de su autonomía universitaria, la responsabilidad de aplicar un examen único a nivel nacional”, afirmó.
Debate sobre sanciones y gestión
Cuba cuestionó además la propuesta de sancionar a médicos residentes por renuncias, al considerar que no existe sustento legal para que una entidad distinta a las instituciones formadoras aplique castigos.
“No puede haber un tercero que sancione a los médicos”, afirmó, al insistir en la necesidad de respetar las competencias establecidas en el sistema de salud y educativo.
Seguridad alimentaria en crisis
De otro, Cuba advirtió que la seguridad alimentaria en el país atraviesa una situación de “parálisis”, marcada por una débil capacidad de supervisión estatal y una intervención limitada que solo se activa tras casos de intoxicación o escándalos sanitarios.
“Nosotros siempre nos enteramos de la inocuidad alimentaria cuando ocurre algún escándalo por intoxicaciones en programas sociales. Incluso en años anteriores se han registrado casos graves, como en Cajamarca, donde hubo fallecimientos”, señaló. En ese contexto, precisó que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) cumple un rol clave de fiscalización, pero con resultados insuficientes.
Supervisión insuficiente de DIGESA
Pero cuestionó que DIGESA haya reportado 578 supervisiones como un logro reciente, cuando, según explicó, esa cifra representa apenas el 14% de la meta establecida para fiscalizar a las empresas proveedoras de programas sociales.
“Se presenta como un logro, pero en realidad es solo el 14.3% de la meta. La supervisión ha alcanzado a una parte muy pequeña del universo de empresas que producen alimentos”, indicó. Agregó que el problema es más amplio, ya que miles de empresas del sector alimentario no forman parte de ningún plan de control sistemático.
“Las empresas que producen alimentos para los programas sociales son más o menos 3.000. Pero hay empresas que producen alimentos para el comercio, no para los programas sociales. Eso no tienen plan”, aseveró.
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