SNMPE ADVIERTE QUE RECORTE DE PLAZOS EN CONCESIONES MINERAS FRENA $63 MIL MILLONES EN INVERSIONES” – RCR Peru

SNMPE ADVIERTE QUE RECORTE DE PLAZOS EN CONCESIONES MINERAS FRENA $63 MIL MILLONES EN INVERSIONES” – RCR Peru

RCR, 25 de marzo 2026.- El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Gonzalo Quijandría, cuestionó el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que propone modificar la Ley General de Minería para reducir de 30 a 15 años el plazo máximo de caducidad de “concesiones ociosas” y endurecer las exigencias de producción, inversión y pago de derechos. Según señaló, la iniciativa representa un riesgo para la inversión, la seguridad jurídica y la competitividad del país.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), el representante gremial sostuvo que la propuesta “no solo frena las inversiones futuras”, sino que también afecta operaciones en curso y proyectos en ejecución, en referencia a una cartera estimada en más de 63 mil millones de dólares. A su juicio, se trata de un cambio “radical” que pone en riesgo el régimen de concesiones y debilita el principal motor de la economía peruana: la minería.

Quijandría advirtió que reducir los plazos de concesión afecta directamente la predictibilidad que requieren los inversionistas para desarrollar proyectos de largo aliento. Explicó que el ciclo minero, desde la exploración hasta la producción, puede tomar varias décadas, por lo que acortar los tiempos genera incertidumbre y desincentiva la llegada de capitales.

En ese sentido, alertó que el dictamen no toma en cuenta los tiempos reales que demanda la obtención de permisos, lo que podría impedir que proyectos viables lleguen a ejecutarse. “Se pone un plazo incluso más corto que el tiempo necesario para tramitar autorizaciones”, remarcó.

Incentivos a la informalidad y minería ilegal

Uno de los principales cuestionamientos del vicepresidente de la SNMPE es que la iniciativa podría generar incentivos negativos en el sector. Como explicó, al acortar los plazos para desarrollar concesiones formales, se abre la posibilidad de que actores informales ocupen estos espacios, sin cumplir estándares, ni pagar impuestos.

“Lo que se está buscando es que el inversionista explore, no llegue a desarrollar el proyecto y luego el informal lo tome y lo explote sin pagar ningún impuesto”, afirmó, al advertir que esto podría facilitar la expansión de la minería ilegal.

También pensó que el dictamen podría provocar invasiones de concesiones, lo que llevaría a una desconfianza en la inversión formal y a un aumento de actividades que no ayudan al desarrollo ni generan ingresos para las regiones.

De otro lado, Quijandría precisó que el impacto de la norma también alcanzaría a la mediana y pequeña minería, que representan una parte considerable de las concesiones en el país. Indicó que el régimen actual ya permite la participación de distintos tamaños de operación mediante contratos de explotación, por lo que modificar las reglas podría afectar a todo el ecosistema minero. En esa línea, rechazó la idea de “concesiones ociosas” y aseguró que en muchas de ellas ya existe inversión en etapas iniciales como prospección y exploración.

Competitividad en caída

El directivo de la SNMPE también vinculó esta propuesta legislativa con el deterioro de la competitividad del Perú como destino de inversión minera. Recordó que el país ha retrocedido en el Índice Fraser y advirtió que este tipo de iniciativas podría agravar esa tendencia.

“El Perú ya viene perdiendo competitividad por trámites engorrosos y ahora se suma la falta de seguridad jurídica”, señaló Quijandría al indicar que los inversionistas evalúan riesgos como invasiones de concesiones.

Finalmente, Quijandría sostuvo que, de aprobarse el dictamen, el país podría perder la oportunidad de aprovechar el actual contexto internacional de altos precios de los minerales, lo que afectaría la generación de empleo, ingresos fiscales y crecimiento económico.

Ver entrevista completa:

RIESGOS QUE ENFRENTA EL PRE DICTAMEN QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE MINERÍA

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