INICIATIVA MOVERÍA MÁS DE US$68 MIL MILLONES Y CREARÍA 6 MILLONES DE EMPLEOS – RCR Peru

RCR, 07 de abril de 2026.- Los candidatos al Senado por Somos Perú, Giovanna Castagnino y el exjuez supremo Iván Sequeiros, propusieron la emisión de un bono estatal de hasta 8,000 dólares para saldar la deuda que el Estado mantiene con más de 740 mil trabajadores del sector público con sentencia firme.

La iniciativa del Bono Compensatorio Sectorial (BCS), según indicaron, es un mecanismo voluntario y progresivo que no solo permitiría movilizar más de 68 mil millones de dólares y generar más de 6 millones de empleos directos, sino también mejorar la calidad de vida de miles de familias. El bono sería entregado de manera inmediata a los beneficiarios para facilitar el acceso a una vivienda social o financiar la educación superior de sus hijos.

Deuda histórica y sentencias incumplidas

“Esto es histórico en el Poder Judicial. Cada vez que se retira un trabajador del Poder Judicial o se retira un juez, tiene que iniciarle un juicio al Poder Judicial para que le paguen su indemnización. El problema es que el Estado peruano es uno de los principales deudores a nivel nacional… Cuando concluyen los juicios, las sentencias nunca se ejecutan”, declaró Sequeiros en la secuencia Hora de Cambio, de Red de Comunicación Regional (RCR), al remarcar que el problema no es la falta de fallos judiciales, sino su incumplimiento sistemático por parte del Estado.

El exmagistrado aclaró que con esta propuesta “no se trata de hacer populismo, sin base ni sentido, sino que se trata de una propuesta técnica y jurídica, bastante viable”.

“Yo me he retirado del Poder Judicial en abril del 2025. Estoy haciendo mi juicio para que me reembolsen las deudas que me tiene. Y así hacen todos los que se retiran del Poder Judicial”, contó Sequeiros.

Impacto económico y efecto en vivienda

En esa línea, la arquitecta Giovanna Castagnino destacó el impacto económico de la iniciativa. “Tenemos más de 740 mil empleados que están pendientes de cobrar un bono aproximado de 8 mil dólares. Esto va a permitir movilizar 68.400 millones de dólares en el sector de la construcción”, afirmó.

Añadió que la medida permitiría cerrar entre el 35% y el 40% de la brecha de viviendas sociales, además de generar un retorno estimado de 148 millones de dólares vía recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría, beneficiando también a los gobiernos locales mediante tributos como el predial.

Afirmó que la propuesta busca ser presentada al Poder Ejecutivo después del 28 de julio, con el objetivo de establecer un mecanismo que permita cumplir con las sentencias judiciales firmes acumuladas históricamente, garantizando el respeto a la cosa juzgada.

“Fíjate que de hacer esto nosotros estaríamos creando más de 6 millones de empleos directos y 2 millones de empleos indirectos. Sube nuestro PBI de 6 a 7% anual. Como padre o como madre… me dan mi bono de $8000… invertir en la mejor herencia, que es una casa habitación o un tema educativo”, aseveró.

“Es diferente al FONAVI”

Castagnino marcó distancia de esquemas como el FONAVI y enfatizó que su propuesta no implica desembolsos directos del erario público. “El bono que proponemos es otra modalidad. Justamente, el tema del FONAVI es sacar de la Caja Fiscal en efectivo. Eso es lo que nosotros no estamos proponiendo. Es completamente irresponsable, porque le quitas a uno para darle al otro”, sostuvo.

Impacto fiscal cero

En respaldo a la iniciativa, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, Gino Saldaña Calderón, destacó su impacto social y económico. “Hemos analizado de manera exhaustiva esta propuesta y creemos y estamos convencidos de que técnicamente es viable”.

Destacó que la propuesta del bono compensatorio tendría “impacto fiscal cero” y permitiría priorizar la inversión, la generación de empleo y el acceso a vivienda y educación, pilares fundamentales para los trabajadores.

Asimismo, advirtió que la deuda social acumulada afecta a miles de personas que incluso fallecen sin recibir lo que les corresponde, por lo que consideró urgente su implementación. “En el Poder Judicial somos un promedio de 30 mil trabajadores, de los cuales 20 mil a 22 mil tienen procesos contra el mismo Poder Judicial. Prefiero que esta propuesta se ejecute hoy antes que esperar 10 o 15 años con pagos a cuentagotas”, sostuvo, al señalar que el Ministerio de Economía debe recibir alternativas concretas y viables para atender esta problemática histórica.

Ver entrevista completa: