Dina Boluarte tenía información confidencial del caso ‘Los Dinámicos del Centro’ a través de su abogado

En medio de una guerra mediática y política que sacude al Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, el Congreso y el periodismo de investigación, las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva han puesto el foco en la relación entre altos funcionarios públicos y el manejo de información confidencial.

Villanueva, testigo y aspirante a colaborador eficaz en la investigación a la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides Vargas, ha hecho revelaciones que mantienen en vilo a diversos sectores. Entre ellas, destacan sus declaraciones sobre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su acceso a información privilegiada del caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

Según Villanueva, Boluarte recibía información confidencial de las investigaciones dirigidas por el despacho de Patricia Benavides, a través de su abogado Óscar Nieves Vela. Este último, vinculado al caso Cuellos Blancos del Puerto por su participación en la inscripción irregular del partido político Podemos, habría establecido conexión con Benavides mediante el fiscal adjunto Marco Huamán.

El testimonio de Villanueva, aunque aún no corroborado, apunta a un posible manejo irregular de información y a supuestos favores políticos a cambio de influencia en investigaciones judiciales. Villanueva afirma que Nieves Vela habría intervenido para evitar que Boluarte fuera incluida en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, a pesar de su presunta participación durante la campaña electoral.

Asimismo, Villanueva señala que, a cambio de este favor, el fiscal superior Rafael Vela habría solicitado que, en caso Boluarte llegara a la presidencia, se habilite un código estatal para la creación de un puesto de fiscal supremo, al que aspiraba ser ascendido.

Estas revelaciones, que también involucran a otros altos funcionarios públicos, han generado revuelo y suscitado la necesidad de investigaciones adicionales. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha solicitado copias de las declaraciones de Villanueva para iniciar investigaciones en su despacho, dirigidas a los funcionarios mencionados por el testigo en posibles actos ilegales.

La fiscal suprema Delia Espinoza, encargada de la investigación a Patricia Benavides, deberá determinar si estas declaraciones implican la apertura de nuevas investigaciones a fiscales y terceros, y si los presuntos actos constituyen delitos verificables.

Las declaraciones de Villanueva, aunque han sido selectivas en sus objetivos, han despertado interrogantes sobre la transparencia y la integridad en el manejo de la información y las influencias políticas en el sistema judicial y gubernamental del país. Ahora, será responsabilidad de las autoridades judiciales determinar la veracidad de estas acusaciones y tomar las acciones correspondientes.