Ancash, Piura, Puno y Junín entre los gobiernos regionales con más corrupción

La Contraloría General de la República presentó hoy los resultados del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022, y entre las principales conclusiones figura que hay 198 entidades públicas que registraron puntajes altos y muy altos en niveles de corrupción durante el año pasado, mientras que las entidades de los sectores de intervención (que comprende los tres niveles de gobierno) de Transporte, Educación, Salud, Vivienda e Interior fueron las más perjudicadas por este flagelo.

El contralor general, Nelson Shack, detalló que, de las 198 entidades públicas con niveles altos y muy altos de corrupción, según los indicadores analizados en el INCO 2022, el 38.4% corresponden al nivel del Gobierno Regional, el 37.9% son del Gobierno Local y el 23.7% son del Gobierno Nacional. “El Sistema Nacional de Control ya tiene las instrucciones y tiene que mirar eso para saber qué pasa con esas entidades”, dijo.

El INCO 2022 es un índice que estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional del Perú, por ámbito geográfico (región y provincia) e institucional (entidades por nivel de gobierno), basándose en los hallazgos del control gubernamental y otras fuentes de información.

“El INCO 2022 es resultado de lo que estamos haciendo en análisis de datos, interoperabilidad e inteligencia artificial, esto no es lo que la gente cree o lo que las encuestas dicen, se trata de data dura y pura de los sistemas de administración en el Estado. Así es como deberíamos empezar a enfocar, de una manera más objetiva, los problemas de corrupción e inconducta funcional en el Perú”, mencionó el contralor general, quien recordó que la actual gestión de la Contraloría ha puesto en marcha una profunda reforma estructural para aportar en la lucha contra la corrupción, la inconducta funcional y la ineficiencia en el aparato estatal.

Indicó que el INCO 2022 trabaja con 14 base de datos públicos y con ello se pudo evaluar a un total de 2815 entidades públicas, de las cuales 367 corresponden al nivel del Gobierno Nacional, 558 al nivel del Gobierno Regional y 1890 corresponden al Gobierno Local. Todas esas entidades ejecutaron un presupuesto de S/ 208 600 millones durante el 2022.

Principales problemáticas detectadas

El titular de la Contraloría precisó que entre las principales problemáticas que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional figura el presunto fraccionamiento en las contrataciones públicas sin proceso de montos menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributaria (UIT).

“Tenemos 76 408 casos de estos detectados en el año 2022 y que han movido más S/ 9 250 millones. Sobre estos funcionarios sabemos quiénes son, sabemos dónde están sus cuentas, sabemos cuáles las órdenes de servicio sabemos dónde trabajan. En los próximos meses les llegará su acción de control y su pliego de cargos para que expliquen por qué hicieron esta barbaridad”, enfatizó.

Asimismo, mencionó que la labor de la Contraloría permitió detectar que en el 2022 se contrató a 8441 consultores, donde se gastó más de S/ 123 millones, pero en más del 90% del tiempo de realización de las consultorías estaban fuera del país.

Otras problemáticas detectadas en el INCO 2022 son las unidades ejecutoras con proyectos caducos y abandonados, contrataciones que son materia de impedimentos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, presuntas irregularidades en la gestión de planillas, entre otros. “En el caso de las presuntas irregularidades en la gestión de planillas tenemos a 600 entidades que tienen estos problemas”, puntualizó.

Sin embargo, el titular de la Contraloría enfatizó que, si no hay una sanción efectiva a los funcionarios detectados en los informes de control y no se les retira de la función pública, entonces se tendrá un efecto “bastante pequeño” en la lucha contra la corrupción.

“Por eso es necesario fortalecer sustancialmente las capacidades de sanción en el Estado, no solo desde la perspectiva del ejercicio sancionador de la Contraloría sino también los sistemas disciplinarios internos de las entidades y del Sistema de Justicia. Si no hay una sanción efectiva, no hay una lucha efectiva contra la corrupción”, subrayó.

Conclusiones del INCO 2022

En ese sentido, detalló que el top 10 de entidades con mayores niveles de corrupción, según el INCO 2022, está encabezado por el Gobierno Regional de Áncash, seguido del Gobierno Regional de Piura, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Gobierno Regional de Junín, el Gobierno Regional de Puno, el Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional de Tumbes.

También resaltó que las diez principales provincias donde se ven una mayor presencia de problemas de corrupción son Maynas, Huancayo, Piura, Huaraz, Puno, Callao, Mariscal Nieto, Moyobamba, Chachapoyas y Tumbes. Otra conclusión relevante es que el 15% (421) de las entidades públicas evaluadas en el INCO 2022 tienen niveles por encima de los 50 puntos, lo que significa un nivel medio alto de corrupción.

Índice de Riesgos de Inversión

El Contralor General adelantó que en aproximadamente dos meses se tendrán los resultados del Índice de Riesgos de Inversión (IRI), donde analizará los 194 mil proyectos de inversión públicas que han sido declarados viables en el país, con la finalidad de conocer a los contratistas y supervisores que realizan mal su trabajo.

“Este es un índice que próximamente estará a disposición de toda la ciudadanía para ver los motivos de la paralización de obras públicas”, enfatizó.

Panel de expertos

Los resultados del INCO 2022 fueron analizado por un panel de expertos, como el presidente de Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, quien indicó que los resultados del INCO 2022 muestran prueba fehaciente, objetiva y científica de que la corrupción está presente en cada rincón del país, por lo que se debe impulsar su sanción. Agregó que la corrupción es la fuerza corrosiva del sistema democrático, ya que no solo genera un perjuicio económico, sino que también afecta la confianza entre peruanos.

A su turno, Carlos Meléndez, experto en Ciencias Políticas, manifestó que los resultados del INCO 2022 reflejan que existen problemas de capacidad en la democracia de nuestro país, lo cual se origina, en parte, por una débil capacidad institucional que se debe mejorar.

Finalmente, la abogada y periodista, Cecilia Valenzuela, señaló que la corrupción también es representada por aquel funcionario inmoral que ocupa un puesto que no puede desempeñar y la Contraloría está detectando eso. “Ahora nos toca plantarnos, y no dejarles a otros la responsabilidad de actuar y sancionar”, enfatizó.

Fuente: Prensa Contraloría General del Estado