Alejandro Soto pidió a juez archivar su caso con ley que él aprobó

El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ha sido duramente criticado luego de que se revelóa que solicitó al juez Carlos Román Gil el archivo de su propio caso utilizando la Ley N.° 31751, normativa que él mismo había promovido y aprobado en el Congreso . A pesar de haber afirmado previamente que la acusación en su contra había prescrito en 2019, los documentos revelan que recién el 14 de julio de este año solicitaron acogerse a la prescripción y obtuvieron la aprobación.

El 14 de julio, a través de su abogado Walter Pimentel Peralta, Alejandro Soto presentó una solicitud al juez Carlos Román Gil para acogerse a la Ley N.° 31751 y así archivar las acusadas fiscales en su contra por estafa y falsedad genérica. Esto contradice sus afirmaciones anteriores de que su caso había prescrito en 2019 por decisión del juez Reinaldo Ochoa Muñoz.

La investigación revela que Soto promovió activamente la Ley N.° 31751 en el Congreso, a pesar de estar involucrado en el caso judicial. Esta ley permite el archivo de casos judiciales por prescripción en delitos de corrupción cuando haya transcurrido un cierto período de tiempo. Posteriormente, el 24 de julio, el juez Carlos Román emitió la resolución declarando prescrito el caso contra Soto endureció en esta ley.

Además, se reveló que Soto mintió sobre el proceso legal, al afirmar que el caso había continuado contra otros implicados después de que el juez Reinaldo Ochoa declarara la prescripción en 2019. En realidad, la acusación continuó contra todos los involucrados, incluido Soto.

La defensa de Soto argumentó que la Ley N.° 31751 no lo benefició, pero documentos y evidencia testimonial confirman lo contrario. La resolución judicial emitida el 21 de julio, en la que Soto apareció virtualmente, contradice su sustentada de que su caso había sido archivado hace cuatro años.

La saga legal y política que rodea a Alejandro Soto evidencia un conflicto de intereses y una aparente manipulación de la ley en su beneficio. La polémica sigue produciendo cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en la política peruana.