PJ pide al Congreso ley para inhabilitar para siempre a jueces y fiscales que liberen criminales

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ha instado al Congreso a aprobar una ley que sancione de manera permanente tanto a jueces como fiscales que ordenen la liberación irregular de criminales capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP). Arévalo Vela aseguró que es necesario que estos funcionarios respondan por sus acciones, que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.

La solicitud de Arévalo Vela se produce en medio de crecientes críticas hacia el sistema de justicia peruano por la liberación de delincuentes. Según una encuesta realizada por Datum, el 34% de los peruanos responsabiliza a los jueces y el 32% a los fiscales por esta situación.

«Los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso. Tiene que haber una figura penal que inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a los delincuentes que solo hacen daño a este país», expresó Arévalo Vela.

Las declaraciones del presidente del Poder Judicial se producen en un contexto de falta de confianza hacia este poder del Estado. La misma encuesta de Datum indica que el 85% de los peruanos no confía en el Poder Judicial, considerándolo «corrupto» y acusando a sus integrantes de recibir sobornos.

El llamado de Arévalo Vela al Congreso se suma a una serie de acciones emprendidas tras casos polémicos de liberación de criminales. En Trujillo, la fiscal adjunta provincial de El Porvenir, Fiorella Gutiérrez Rodríguez, ordenó la liberación de tres presuntos delincuentes detenidos por la PNP con explosivos. Esta decisión ha generado indignación y llamados a investigar la actuación de la fiscal.

El congresista Juan Burgos ha solicitado al Fiscal de la Nación, Juan Villena, iniciar una investigación contra la fiscal Gutiérrez Rodríguez para determinar su responsabilidad en la liberación de los presuntos criminales. La medida tomada por la fiscalía ha generado preocupación en la población y ha reavivado el debate sobre la necesidad de medidas más estrictas contra quienes manipulan el sistema judicial en beneficio de los criminales.