“EL REINFO SE ESTANCÓ”, ADVIERTE EXMINISTRO JUAN CARLOS CASTRO – RCR Peru

RCR, 22 de mayo 2026.- El exministro del Ambiente Juan Carlos Castro Vargas advirtió que el avance de la minería ilegal en Cajamarca, Puno, Piura, Madre de Dios y otras regiones del país evidencia la falta de una estrategia efectiva del Estado para frenar una actividad ilícita que ya genera impactos ambientales, violencia criminal y millonarias pérdidas económicas. Alertó además sobre el estancamiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo creado para incorporar a los mineros informales a la legalidad.

“La minería ilegal y la informal, porque ahí se mezcla, hoy es la principal economía criminal de nuestro país, moviliza alrededor de US$ 12 mil millones, que son alrededor de 45 mil millones de soles, y ha ido avanzando y ha entrado fuerte en todo lo que es la Amazonía, la costa y la sierra norte”, declaró Castro en Red de Comunicación Regional (RCR).  Sostuvo que la expansión de esta actividad ilegal ya provoca graves daños ambientales en Madre de Dios, donde se le atribuye a esta actividad más del 97% de la deforestación que está habiendo en esta parte del país. Asimismo, señaló que la minería ilegal “ha ingresado ya a áreas protegidas, como la Reserva Nacional de Tambopata, y deforestó aproximadamente 500 hectáreas de bosques”.  Añadió que en Amazonas y Loreto “la minería fluvial está contaminando los ríos” y que las cuencas de Santiago y Cenepa, en Condorcanqui, afectan directamente a comunidades Awajún y Wampis debido al uso de mercurio.

S/ 460 millones en pérdidas en Puno

Castro indicó que el impacto económico también se refleja en el sur del país. “Puno es el que lidera el impacto económico negativo, donde ahí se registra aproximadamente 460 millones anuales por minería ilegal”, precisó. Agregó que Arequipa registra pérdidas cercanas a los S/450 millones y advirtió que la expansión de esta actividad también alcanza regiones como Apurímac y Ayacucho.

En el norte del país, el exministro mencionó el avance de la minería ilegal en Piura, especialmente en Sullana y Ayabaca. Sin embargo, consideró que uno de los escenarios más críticos continúa siendo la provincia de Pataz, en la región La Libertad. “En Pataz, más que mirar los temas económicos, es por la violencia generalizada y la criminalidad”, sostuvo. También alertó que “todos asociados a este grupo criminal, el Tren de Aragua”, en referencia a las mafias vinculadas a extorsiones, trata de personas y control ilegal de actividades mineras.

Emergencias sin resultados

Respecto a las declaratorias de emergencia en regiones afectadas por minería ilegal, como Cajamarca, Castro cuestionó la efectividad de estas medidas. “Ese estado de emergencia realmente no es efectivo, si no se hace una coordinación, una planificación para desarticular a estas bandas criminales y parar el avance de minería. No vemos todavía una acción directa, un resultado que esperemos”, aseveró.

REINFO estancado

El exministro también cuestionó el estancamiento del proceso de formalización minera. “No hay un avance tampoco en lo que es el REINFO, hay un estancamiento de este procedimiento”, señaló. Explicó que este mecanismo fue creado temporalmente para formalizar a los mineros informales, pero actualmente aún existen alrededor de 30 mil mineros inscritos pendientes de culminar su proceso de formalización.

Consideró que el Estado debe dejar de extender indefinidamente este mecanismo. En ese sentido, cuestionó que “Roberto Sánchez es parte aún de este Congreso que pide ampliación y ampliación y ampliación del REINFO”. Frente a ello, sostuvo que “hay que establecer ya una política y una estrategia mucho más real, más planificada” y pidió que “el nuevo gobierno establezca una hoja de ruta para iniciar el proceso de formalización”.

Finalmente, Castro advirtió que la expansión de la minería ilegal y la incertidumbre política generan preocupación entre inversionistas nacionales y extranjeros. “Hay más de 65 mil millones de dólares en inversión minera mirando el Perú”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que “el inversionista lo piensa dos veces antes de querer invertir en el Perú” debido a la falta de reglas claras, la inseguridad jurídica y el avance de actividades ilegales dentro de concesiones formales.