GOBIERNO OFICIALIZA ESTADO DE EMERGENCIA EN 34 DISTRITOS FRONTERIZOS PARA COMBATIR LA CRIMINALIDAD Y FORTALECER EL CONTROL MIGRATORIO – RCR Peru
RCR, 17 de abril de 2026.- En una acción estratégica orientada a recuperar la seguridad en las zonas más vulnerables del país, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por un periodo de 60 días en 34 distritos ubicados en seis regiones del Perú. Esta medida, oficializada a través del Diario Oficial El Peruano, busca potenciar la lucha contra el crimen organizado y endurecer el control en los pasos fronterizos, permitiendo que la Policía Nacional mantenga el control del orden interno con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas.
El despliegue de las fuerzas del orden se basará en un análisis riguroso de inteligencia, estadísticas y mapas del delito para garantizar intervenciones precisas en los puntos de mayor incidencia delictiva.
La disposición alcanza de manera integral a la región Madre de Dios, afectando a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe, así como a las zonas fronterizas de Iberia, Tahuamanu e Iñapari.
Asimismo, la medida se extiende a los distritos de El Cenepa, Río Santiago e Imaza en la región Amazonas; Namballe en Cajamarca; y Lancones, Suyo y Ayabaca en la región Piura.
En el sur, el estado de emergencia rige en 15 distritos de la región Puno, entre los que destacan San Juan del Oro, Desaguadero, Yunguyo y Capazo; mientras que en Ucayali la norma comprende a las jurisdicciones de Masisea, Yurua y Purús.
Durante la vigencia de este régimen excepcional, el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales queda restringido o suspendido, específicamente en lo relativo a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.
Esta base legal permitirá a las autoridades ejecutar un patrullaje permanente y aleatorio en zonas estratégicas, con un enfoque disuasivo en paraderos, infraestructuras críticas e instituciones proveedoras de servicios públicos.
Un punto clave de esta intervención es la vigilancia constante en la línea de frontera, con especial énfasis en la detección y bloqueo de pasos no autorizados o habilitados que suelen ser utilizados para el tráfico ilícito y la migración irregular.
Con esta declaratoria, el Gobierno reafirma su compromiso de restablecer la paz social mediante la presencia efectiva del Estado en las áreas de mayor complejidad geográfica y operativa del territorio nacional.
