“EL ESTADO PERUANO HA DESARMADO LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN”, SOSTIENE ANALISTA POLÍTICO RICARDO VÁSQUEZ – RCR Peru
RCR, 14 de febrero 2026.- El abogado y analista político Ricardo Vásquez analizó el último informe de Transparencia Internacional que ubica al Perú en el puesto 127 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción, con una caída de 26 posiciones desde 2020 y pérdidas económicas estimadas en 24 millones de soles anuales.
“Estamos ante una desarticulación, ante un desarme del sistema de lucha anticorrupción procedente desde el propio Estado en los últimos años. La desactivación de los grupos especiales de combate al delito, al crimen organizado, es reciente. El establecimiento de un sistema normativo que desarma y favorece a la corrupción y al crimen organizado y desarma su combate es reciente”, expresó en el programa Perú 2030 de Red de Comunicación Regional (RCR).
Advirtió que la población ha comenzado a aceptar la corrupción como parte de la vida cotidiana. “Cada vez más aceptamos que hay que pagar sobrecostos, aceptar autoridades corruptas y entender que esto no cambia, que no hay esperanza”.
Vásquez recordó que la crisis institucional no es reciente, sino de larga data. “El Poder Judicial y los agentes de lucha contra el crimen se han venido desarmando durante los últimos casi 30 años”. Señaló que la penetración del crimen organizado se remonta al golpe de Estado de 1992 y la alianza con Vladimiro Montesinos, lo que derivó en un deterioro estructural del sistema judicial y de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
El especialista alertó que economías ilícitas como el narcotráfico y la minería informal alimentan el sistema corrupto. “Se crean condiciones para el desarrollo de actividades que producen el dinero necesario para sostener este marco de corrupción.”
Además, destacó que la desconfianza institucional en Perú es la más alta de la región, con más del 90% de rechazo hacia partidos políticos y Congreso.
Sistema de justicia debilitado
Sobre el Poder Judicial, Vásquez criticó la provisionalidad de jueces y fiscales y la falta de independencia: “No saben lo grave que es para un juez o fiscal ser provisional, porque saben que a fin de año se les puede acabar la carrera.”
Denunció que la sobrecarga procesal y la ausencia de reformas han desanimado la labor de jueces y fiscales, generando un estado de inacción que perpetúa la impunidad.
Enfatizó que la lucha contra la corrupción requiere reformas sustanciales en el Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso y Policía Nacional. Sin ellas, el país seguirá atrapado en un círculo de impunidad y deterioro institucional que, en sus palabras, “destruye mucho al país” y mantiene al Perú en rankings internacionales “no deseados”.
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