El análisis confidencial del Departamento de Justicia de EEUU que avaló la legalidad de la captura de Nicolás Maduro
Un memorando confidencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 23 de diciembre de 2025 y dirigido al Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSC), concluyó que el presidente estadounidense podía autorizar una operación militar limitada para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, sin que ello vulnerara la Constitución ni el derecho internacional, siempre que se cumplieran ciertas condiciones.
El análisis, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) previo a la captura de Maduro el 3 de enero pasado, sostuvo que el mandatario disponía de base jurídica suficiente para ordenar el uso restringido de fuerzas militares para detener a Maduro y trasladarlo a Estados Unidos para su procesamiento judicial. El plan, afirma el análisis, no equivalía a una campaña bélica y, por tanto, no superaría el umbral constitucional de guerra: “No todo uso de la fuerza militar constituye una guerra en el sentido constitucional.”
Según el documento, el presidente no requeriría la aprobación del Congreso de manera previa para una intervención limitada bajo esta estrategia. El OLC subraya que tal decisión sería válida si el jefe de Estado determinaba que Maduro implica una amenaza grave y directa para los intereses nacionales estadounidenses, mientras se respeten límites de proporcionalidad y duración.
El despliegue militar, detalla el documento, se encuadraría como apoyo a una acción de aplicación de la ley, no como una invasión ni como una campaña bélica sostenida. Así, el uso de la fuerza estaría justificado para proteger intereses vitales de Estados Unidos y responder a amenazas atribuidas directamente a Maduro.
Uno de los principales fundamentos del memorando explica que la intervención debía ser entendida como respaldo a la captura y traslado, y no como una invasión o una campaña militar prolongada. El OLC remarca que el operativo debía focalizarse en esos objetivos, evitando la ocupación o la permanencia de tropas. “La operación debe estar diseñada para capturar a Maduro y no para matarlo”, afirma el documento.
El texto legal rechaza calificar automáticamente la intervención como violación inadmisible de la soberanía venezolana siempre que la acción buscara exclusivamente la detención de Maduro para su enjuiciamiento en territorio estadounidense.
El memorando argumenta que la figura clave no sería la extradición, sino la «rendición extraordinaria». Este mecanismo permite el traslado forzoso del venezolano sin proceso judicial local, apoyado en el principio Ker-Frisbie, que habilita el juzgamiento en tribunales federales de personas capturadas por la fuerza fuera de Estados Unidos, salvo que tratados internacionales o legislaciones específicas lo impidan.
El OLC justifica su posición en la peligrosidad atribuida a Maduro, acusado de narcotráfico, de mantener lazos con organizaciones armadas extranjeras como las FARC y Hezbollah, y de haber incrementado la represión tras las elecciones de 2024. El informe, sin embargo, sí advierte sobre el riesgo de desestabilización regional y la negativa de Maduro a abandonar el poder de manera voluntaria, según datos de inteligencia.
En el plano operativo, el plan analizado contemplaba un asalto en Fuerte Tiuna, complejo militar en Caracas donde Maduro se resguardaba habitualmente. Se proponían acciones con fuerzas especiales en helicópteros, respaldo aéreo para enfrentar las defensas antiaéreas y sabotaje eléctrico para minimizar la capacidad de respuesta. El objetivo era maximizar la sorpresa y reducir bajas -como efectivamente sucedió-, anticipando la resistencia de los cuerpos de seguridad leales a Maduro.
El texto, además, advierte que durante el operativo contempla la posibiludad de que la esposa de Maduro, Cilia Flores, esté presente y advierte que es “conocida por ser más agresiva y combativa que su marido”.
El memo reconoce diversos riesgos: posible escalada militar y represalias de aliados internacionales de Maduro y consecuencias políticas y diplomáticas negativas. También señala incertidumbre sobre la reacción de los altos mandos militares venezolanos y sobre la cohesión interna de organismos multilaterales ante la legitimidad de la operación.
El texto enfatiza que su evalución es estrictamente jurídica y no contempla factores de política exterior, estabilidad interna en Venezuela ni impactos a largo plazo. “Que el Presidente pueda autorizar legalmente la operación no elimina las consecuencias políticas e internacionales sustanciales que podrían derivarse”, advierte.
Finalmente, la OLC concluye que, mientras la operación se mantenga dentro del diseño planteado —sin alcanzar los parámetros de una guerra—, la autoridad presidencial sería suficiente para autorizarla.
Once días después del envío del este informe, y en un episodio histórico, Donald Trump autorizó la captura y trasladado de de Nicolás Maduro a los EEUU sin intervención de organismos internacionales.
