DETENCIÓN DE LUIS ARCE NO ES PERSECUCIÓN POLÍTICA, SINO MATERIA JUSTICIABLE – RCR Peru
RCR, 11 de diciembre 2025.- El director de Asuntos Públicos de la consultora Rodríguez & Baudoin de Bolivia, Hernán Terrazas, señaló que la detención del expresidente Luis Arce responde a una orden emitida por la Fiscalía en el marco de una investigación que se remonta al año 2015, cuando ejercía como ministro de Economía por presunto desvío de recursos del Fondo Indígena hacia cuentas personales de dirigentes.
“Las acusaciones contra Luis Arce deben analizarse en función de la evidencia acumulada en torno al Fondo Indígena, cuyas irregularidades fueron ampliamente documentadas, aunque durante años no prosperaron debido al control del sistema judicial por parte del Ejecutivo. Si hay daño económico y desvío de recursos públicos, corresponde que los responsables rindan cuentas”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que diversas investigaciones pendientes podrían comprometer tanto a autoridades del periodo de Evo Morales como del propio gobierno de Luis Arce, entre ellas la presunta red de desvío de combustibles en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, un esquema que habría canalizado entre el 40% y el 50% del combustible importado hacia el contrabando, generando una severa crisis de abastecimiento en los últimos meses.
“Estos hechos eran conocidos por la población, pero ignorados por las autoridades, la creciente judicialización de expresidentes y altos funcionarios por presuntos actos de corrupción. Ejemplos como Perú, donde varios exmandatarios cumplen prisión preventiva o están procesados, pero en Bolivia debido al dominio político sobre el aparato judicial”, afirmó.
Sostuvo que Evo Morales permanece desde hace meses en el Chapare donde su detención resulta complicada debido a la posible resistencia de sectores cocaleros, sin embargo, afirmó que el proceso debe seguir su curso, dado que la denuncia no está relacionada con sus funciones como presidente y, por tanto, no puede beneficiarse de ningún tipo de inmunidad.
“Bolivia atraviesa una etapa decisiva para esclarecer casos de corrupción acumulados durante dos décadas de hegemonía del MAS, los años de mayor bonanza económica, entre 2006 y 2014, el país recibió alrededor de 60 mil millones de dólares por exportación de gas, recursos cuyo uso aún genera cuestionamientos”, anotó.
Remarcó que el reto actual es garantizar que la justicia actúe con independencia y que los responsables de desviar fondos públicos rindan cuentas, sin que estos procesos sean interpretados como ajustes de cuentas políticas, sino como un imperativo de transparencia y legalidad.
