Ecuador declara Estado de Excepción en 7 provincias ante protestas y paros por eliminación del subsidio de diésel
El gobierno de Ecuador declara estado de emergencia en siete provincias
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado un estado de excepción en siete provincias del país ante el aumento de protestas y paros protagonizados por transportistas. La medida, que tendrá una vigencia de 60 días, responde a la reciente eliminación del subsidio al diésel, que ha generado malestar social y alteraciones en el tránsito vehicular.
Implementación del estado de excepción y restricciones
Mediante el Decreto Ejecutivo 134, el mandatario ordenó la aplicación de esta medida en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. La decisión fue tomada debido a la grave conmoción interna y las alteraciones del orden público que se han registrado en esas regiones.
En estas zonas, se restringirá el derecho a la libertad de reunión, aunque no se limitará la libertad de circulación. Además, las carreteras principales estarán patrulladas por las Fuerzas Armadas en puntos estratégicos con el fin de evitar actos de violencia. La Policía también intensificará su presencia para reforzar el control y garantizar la seguridad ciudadana.
Se informa que estas medidas permitirán que las actividades personales, económicas, comerciales y laborales continúen con normalidad en las provincias afectadas, ya que el toque de queda no está incluido en esta declaración. La prioridad del gobierno es mantener el orden sin afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Reacciones y contexto social
Las protestas surgieron tras la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, que representaba unos 1.100 millones de dólares anuales. Como resultado, el precio del galón pasó de 1.80 a 2.80 dólares. La medida busca fomentar el acceso a bonos sociales y créditos productivos dirigidos a los agricultores y sectores vulnerables, con la intención de mitigar el impacto económico de la medida.
Sin embargo, la población ha expresado su descontento en las calles, realizando manifestaciones en rechazo a la eliminación del subsidio. A pesar de esto, la portavoz de la presidencia, Carolina Jaramillo, aclaró que el Gobierno no tiene intención de negociar la eliminación del subsidio, reafirmando su postura frente a las demandas del sector transportista.
La situación ha generado un debate nacional acerca de las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno, en medio de una creciente tensión social y preocupación por la estabilidad del país. La medida busca equilibrar la economía y reducir el gasto público, pero también ha puesto en jaque la paz social en varias regiones.
